Infanta Cristina: retiran su imputación en el caso Nóos. Finalmente ha ocurrido lo que se podía esperar, y es que la Audiencia Provincial de Palma ha decidido retirar la imputación de la Infanta Cristina por captación y desvío de fondos públicos, pertenecientes al Caso Nóos, aunque esta decisión tan sólo ha sido aprobada por dos de los tres magistrados, que solicitan al juez Castro que concrete el supuesto delito cometido por la Infanta, quien, según han afirmado en el auto, podría ser imputada de nuevo por un posible delito contra la Hacienda Pública, o blanqueo de capitales.
El escándalo ocasionado como consecuencia de la imputación de la Infanta Cristina por el juez Castro en el Caso Nóos, traspasó las fronteras de nuestro país, y es que era la primera vez que un miembro de la Familia Real se veía implicado en un delito, pero tan sólo ha hecho falta poco más de un mes para comprobar que ‘la justicia no es igual para todos’, al contrario de lo afirmado por el Rey Juan Carlos.
La Audiencia Provincial de Palma, presentó el pasado martes un auto aprobado por dos de los tres magistrados, en el que aceptan los recursos presentados por la Fiscalía Anticorrupción, la Abogacía del Estado, Iñaki Urdangarín, Carlos García Revenga y la propia Infanta, ante los cuales ha leído el documento.
En él afirman que «no hay indicios vehementes» de que la Infanta Cristina «conociera, se concertase, ni participase activa u omisivamente en el presunto plan criminal urdido por su marido y por su socio Diego Torres, tendente a cometer un fraude a la Administración con ocasión de los contratos de colaboración a que se contrae la presente causa, ni a través de ellos a apropiarse ilícitamente de fondos públicos».
A pesar de que admiten que «era conocedora y sabía que el Instituto Nóos suscribía contratos con las Administraciones Públicas, beneficiándose de ello con ingresos por patrocinio y por subvenciones», como los 12.671€ que se demostró que recibió hace unos meses, añaden que «no hay indicios fundados» de que la Infanta «albergase o llegase a alcanzar la creencia de que dichos contratos pudieran ser considerados delictivos y que su suscripción generase un peligro de malversación».
La Audiencia además advierte que «no se puede descartar en este momento la comisión del delito contra la Hacienda pública, y tal vez, posiblemente, de un delito de blanqueo de capitales, y que en tales ilícitos hubiera podido participar la Infanta», por lo que podría volver a ser imputada de nuevo.
No existe entre los ciudadanos españoles ningún tipo de confianza en que finalmente la Infanta Cristina pague por lo que hizo, pero el tiempo lo dirá.
